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El blog de vendedoresambulantescali

EN COLOMBIA: Los actores de la economía popular son excluidos

9 Julio 2014 , Escrito por vendedoresambulantescali

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Por César Giraldo / Semanario Caja de Herramientas
  
El problema de la política pública hacia los trabajadores informales es que no los consulta porque se considera que su actividad económica está por fuera de la ley: no pagan impuestos, no tienen registro mercantil, no tienen derechos de propiedad claramente definidos. Y el Estado por principio no negocia sus políticas con quienes están al margen de la legalidad. Es el caso de la política hacia el espacio público: Mientras que por un lado no se pide la opinión de los vendedores de la calle, por el otro, si se consulta al comercio organizado y a los gremios de la propiedad inmobiliaria.
La política de espacio público nunca menciona que detrás de cada vendedor informal hay una familia sin protección social, que se ve obligado a utilizar el espacio público para poder sobrevivir, y que se trata de un ciudadano sin derechos. Lo que invocan tales políticas en relación a la venta callejera es la opinión de la Cámara de Comercio (2005) que afirma que están haciendo un uso abusivo en su propio beneficio de un bien común llamado espacio público, de los gremios de la construcción que afirman que afean la estética de la ciudad, y la de los medios de comunicación (propiedad de los grupos económicos) que califica a los vendedores ambulantes como un factor de inseguridad y de obstáculo a la libre circulación. Si bien tales argumentos invocan principios técnicos (bien común, estética, circulación, seguridad) sería ingenuo pensar que su punto de vista no está relacionado con su interés económico. Como lo señala Narciso (2011) "los espacios públicos que son presentados por los planificadores y administradores como diseñados para el 'bien común', son en verdad diseñados para promover actividades que excluyen a ciertas personas y benefician a otras" (pág. 7)
Todo aquello que llene esos espacios y que esté por fuera de los patrones que se imponen desde la planeación tiende a ser criminalizado porque causa desorden, inseguridad, y afea la ciudad. Esa visión de la planeación está reforzada con los intereses económicos que allí se expresan: inmobiliario, financiero, comercial y transportista. Desde la visión de los planificadores municipales se invoca la reubicación de los vendedores en bazares, o centros comerciales, los cuales fracasan porque los locales terminan abandonados, o convirtiéndose en bodegas, porque esas reubicaciones con un discurso esteticista, y uno empresarial, desconocen circuitos económicos, la configuración del territorio, y las tradiciones de los vendedores. Como dice Vergara (2009)" esta ciudad ideal, proyectada en los escenarios de planeación, entra en contradicción con prácticas sociales que obedecen a otras lógicas de acción." (pág.157)
Detrás de esta lógica lo que se busca es la valorización de inmuebles con el propósito de aumentar la riqueza urbano-teniente, y el capital financiero que se apalanca sobre ella. La visión de estos poderes económicos es la que prima en la definición del espacio público y en las normas que lo regulan. Esta definición lleva hacia la ilegalidad a quienes se toman el espacio público en franca resistencia para llevar a cabo su actividad económica, que son los sectores más precarizados de la sociedad, que no tienen otra opción porque carecen de derechos y seguridades. Pero así como la definición del espacio público ha estado marcada por determinados poderes económicos, esa definición también debe incluir a los sectores que han estado excluidos. Sin embargo el Estado entra a intervenir en esa disputa por quienes pagan impuestos y se someten a las regulaciones comerciales y administrativas. Esto no quiere decir que los poderes no instituidos formalmente no puedan desencadenar procesos políticos opuestos. Es un campo de disputa.
Se tiende a definir el espacio público como un conjunto de cosas físicas compuestas cemento, mármol y césped, pero sin tener en cuenta la gente que lo habita. Y se pretende recuperarlo sacando dicha gente: vaciar de público al espacio público. Se olvida que el espacio público es una construcción social en la cual intervienen los diferentes actores sociales y económicos. El espacio público no son sólo calles, monumentos y parques, es sobre todo el origen de la vida cultural, política, y económica de la sociedad. Allí nació la democracia.
Desigualdades
La política pública sobre el espacio público termina reducida a la búsqueda de una ciudad "limpia y vacía" pero sin abordar el tema del hambre y de la inseguridad social de los moradores de la ciudad, es hecha sin contar con quienes se ganan la vida en dicho espacio (Blandón, 2011, págs. 69 y 124). Lo mismo sucede con los diferentes actores de la economía popular. ¿Acaso tienen voz las enfermeras a domicilio en la definición de la política sobre el cuidado? ¿O las costureras en la política del sector de las confecciones incluidos los TLC? ¿O los mecánicos en la política automotriz? La lista se puede alargar. No los tienen en cuenta porque son ilegales: No pagan IVA, no son sujetos de retención en la fuente, no cotizan a la seguridad social, no tienen derechos.
Pero, como lo dice la Unión General de Trabajadores Informales de Colombia (UGTI) en su página web, "en la economía popular se encuentra gran parte de los trabajadores de las ciudades. Es la fuente de suministro de gran cantidad de bienes y servicios que constituyen la satisfacción de las necesidades básicas de la población, tales como vestido, alimentación, vivienda, reparaciones, oficios domésticos, tratamiento de basuras, cuidados cosméticos, y el cuidado de personas vulnerables. Y a pesar de ser la base de la supervivencia social y biológica de la ciudad, sus trabajadores son los más precarizados".
Los trabajadores de la economía popular tienen una jerarquía social diferente con respecto a otros trabajadores. No tienen seguridad social, ni garantía en los ingresos, y dado que su actividad económica es considerada ilegal, también carecen de derechos sociales, civiles y económicos que puedan ser reclamados por la vía legal. Hay una jerarquía social que está oculta y que hace que las relaciones de intercambio, que en apariencia son equivalentes, no lo sean, y tampoco lo sean las formas de valoración de trabajo.
Para un vendedor ambulante un producto que comercializa puede ser el resultado de toda una mañana, al sol y al agua, esperando el comprador, mientras que para el comprador puede significar una fracción ínfima de su ingreso. Por ejemplo, la venta de un producto alimenticio para el vendedor puede ser resultado de una penosa jornada de trabajo, mientras que para quien consume el producto puede ser un gasto ínfimo de su presupuesto.
Cuando un alto ejecutivo bancario en una noche de farra consume licores de alta gama en un bar de una zona exclusiva, la cuenta que paga al final puede ser alta, ¿que incluye ese alto valor?: El precio de los licores refleja el pago de un arriendo costoso (se trata de una zona exclusiva), los impuestos (en esas zonas no se puede consumir licor de contrabando), los salarios del personal de servicio que incluye la seguridad social, y por supuesto la ganancia extraordinaria que recibe el dueño del negocio por estar en un sitio de moda. Lo que paga el ejecutivo que consume corresponde a una porción pequeña de su alto ingreso, el cual se genera con una jornada laboral normal (ocho horas diarias de lunes a viernes). Sin embargo cuando después de beber el licor consume alimentos en la calle para calmar el hambre, esos alimentos son producidos por un vendedor ambulante, que debe arrastrar su carro un trayecto largo, con todos los insumos, empezar su jornada iniciando el día para abastecerse y hacer las preparaciones previas, y estarse toda la noche a intemperie esperando el cliente (dicha jornada pueden ser 16 horas1), en este caso el alto ejecutivo paga por su porción alimenticia una suma ridículamente pequeña en relación a su ingreso.
Que muestra el ejemplo, que el trabajo del ejecutivo y del vendedor ambulante se valoran de forma distinta porque su posición en la jerarquía social es distinta. El intercambio mercantil entre ambos no es equivalente. Esa porción alimenticia que para el vendedor puede significar un trabajo de horas, para el comprador no equivale ni un segundo de su trabajo. Y si se habla de productividad el vendedor ambulante al menos fabrica alimentos comestibles, mientras que el ejecutivo maneja relaciones públicas que permiten a los clientes del establecimiento financiero y a los dueños del mismo extraer rentas financieras que son la expresión de un producto social que no se genera allí. Más allá de intercambios de equivalentes lo que está detrás es una jerarquía social, y conforme a ella una valoración diferente del trabajo, y una distribución desigual del excedente económico. Esto no puede ser explicado sólo desde las relaciones económicas en el seno del mercado, como lo pretenden los economistas ortodoxos.

Relación con el Estado
La forma como los sectores populares se insertan en el mundo económico y el poco respeto a la legalidad, significa que está en crisis el paradigma de la ciudadanía liberal vigente. Las formas económicas y jurídicas legales no permiten la sobrevivencia de los sectores populares. Para sobrevivir hay que saltarlas. En el rebusque de los sectores populares es válido el contrabando, el plagio o la invención (poco importa la diferencia), la ocupación del espacio público (Gago 2013). Son formas de sobrevivencia que se construyen y no le están pidiendo permiso al poder estatal. No se respeta el derecho de propiedad de una marquilla o de un modelo, no se respeta la orden de desocupar el espacio público, no se declaran impuestos.
Como señala Raúl Álvarez (2008) "las prácticas ilegales forman una parte necesaria de las estrategias de supervivencia de la población de los barrios marginales". El no cumplimiento de la ley es una forma de resistencia. Es claro que si una actividad de la economía popular tuviera una contabilidad debidamente auditada, pagara impuestos, y tuviera los registros de ley, no sería viable porque sus competidores no incurrirían en dichos costos.
Precisamente las políticas de formalización lo que buscan es legalizar dichas actividades, lo que significa incorporarlas al circuito fiscal (cobrarles impuestos) y al circuito financiero (cobrarles a través del crédito renta por el uso del dinero). Allí hay una disputa en el orden político y en el económico. La disputa tiene que ver, de un lado, con la política pública de incorporar al régimen de acumulación vigente estas actividades a través de los circuitos fiscales y financieros, y de la otra, la resistencia de los sectores populares a no hacerlo, a no legalizarse.
El realizar actividades económicas por fuera de la legalidad ha sido interpretado por la ortodoxia como la esencia de la economía informal. De Soto (1987) señala que “Sector Informal es aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que con fines lícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines”. Sin embargo, esta definición tiene el problema que hace la definición con lo definido: el sector informal es el que está por fuera de la formalidad. Se trata de una tautología. Este ha sido el enfoque dominante en la región, y es utilizado para la justificar la liberación de los mercados, con el argumento que el exceso de reglamentación económica es la causante de la informalidad.
Se diría que son actividades que no se sujetan a las normas que emanan del derecho positivo, que son las normas escritas expedidas por un órgano legislativo, u otro poder público a través de reglamentaciones, decretos, o actos administrativos similares. No obstante esta afirmación no es del todo cierta. Si bien están excluidos de la seguridad social, los códigos laboral, comercial e inmobiliario, al mismo tiempo están altamente intervenidos por el código de policía, la reglamentación del espacio público, y el régimen administrativo. En palabras de Laura Porras (2013), la ley para estos sectores actúa "como espada y no como escudo".
Sin embargo, al interior de la economía popular existen normas propias que la regulan, así estas no estén escritas. Normas que tienen que ver con el reparto del territorio, relación con la autoridad, liderazgos, obligaciones, pago de deudas, división del trabajo, horarios, organización económica. Todo este mundo debe ser objeto de estudio de las diferentes ciencias sociales que han caído en el reduccionismo de poner todo en una sola bolsa llamada informalidad o marginalidad. El llamado sector informal, no es un sector informe, sino un sector estructurado en sus dimensiones económicas, sociales y políticas. Antes que denominarlo informal deberíamos empezar por reconocer la ignorancia que existe al respecto.
Las autoridades públicas en su desconocimiento del fenómeno, intervienen con políticas represivas en cuanto son actividades ilegales, pero también con programas de asistencia en cuanto son sectores peligrosos, y con un discurso que reivindica el emprendimiento como una forma de re articular la economía popular a la institucionalidad y el régimen de acumulación. El problema es que se trata de un callejón sin salida. Son estrategias de control social pero que no logran "formalizar" el trabajo. Ese camino está equivocado porque no cuenta con la participación de los sectores populares. Se los ve como objetos sobre los que hay que ejercer un dispositivo de control porque se pueden descarriar y volverse clases peligrosas. Sin embargo allí está el sujeto social para la construcción de un proyecto económico y social alternativo.
1. Por ejemplo desde las 2 pm hasta las 6 am.
Bibliografía citada

Álvarez, R (2008). De la ley a las prácticas. Confrontaciones  sociales por el uso del Derecho. IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica. Rosario 13,14 y 15 de Noviembre de 2008. Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Publicación Electrónica http://bit.ly/1iCZEvQ

Blandón, M. (2011). El trabajo en las calles: territorialización, control y política en el centro de Medellín a comienzos del siglo xxi. Tesis Maestría, Universidad de Antioquia, Facultad de Enfermería, Medellín. http://bit.ly/URql5b

Cámara de Comercio de Bogota. (2005). Efecto de las ventas Callejeras sobre los Establecimientos de Comercio en cuatro zonas de Bogota. Bogota: Camara de Comercio de Bogota.

Gago, V. (2013). El consumo popular como marca de una época. Periódico Le Monde Diplomatique, edición 172, octubre, Argentina.

De Soto, Hernando (1987) en Panel realizado en el Centro de Estudios Públicos, el 20 de noviembre de 1987. La presente versión ha sido editada por el CEP. Estudios Públicos, 30 (otoño 1988). Hernando de Soto, Manuel Mora y Araujo, Manfred Max

Narciso, C (2011). Urbanismo neoliberal y diseño de espacio público. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Arquitectura y Diseño. Coloquio Internacional de Diseño 2011. http://goo.gl/x546CF

Porras, L (2013).Formalización laboral: la importancia de re-significar un debate manoseado. Mimeo, Bogotá.

Vergara, M (2009). Conflictividad urbana en la apropiación y producción del espacio público - el caso de los bazares populares de Medellín. Revista Bitácora Nº 14. Universidad Nacional de Colombia. http://goo.gl/t2Jn9E
Semanario Caja de Herramientas, junio de 2014

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